El pasado 22 de junio, doce activistas que forman parte del movimiento por los derechos de los animales fueron detenidos en diferentes lugares de España acusados de ser los autores de la liberación de visones en el año 2007 en granjas de la industria peletera en Galicia.
Unidades antiterroristas de la Guardia Civil, armadas con fusiles y acompañadas por perros adiestrados en la detección de explosivos, irrumpieron a las siete de la mañana en casa de los activistas, requisando computadoras y otros materiales como camisetas y chapas, y los trasladaron, esposados y en vehículos blindados, a los juzgados y cuarteles a la espera de prestar declaración.
Los activistas detenidos forman parte de asociaciones legalmente constituidas y sin ánimo de lucro como Equanimal e Igualdad Animal, organizaciones que habitualmente salen en las noticias de los medios de comunicación por sus investigaciones en granjas de cría de animales para consumo humano. También han tenido eco mediático sus rescates de animales de granja a cara descubierta, básicamente de animales que hubieran muerto en las granjas antes de ser desollados para obtener su carne o subproductos debido a las propias condiciones de explotación en las que se hacen nacer y crecer a estos animales que, en tanto que son considerados “productos” son a menudo abandonados a su suerte cuando enferman, ya que curarlos puede ser más caro que “reponerlos”.
Las detenciones de estas personas han sido vista por el movimiento por los derechos de los animales como una respuesta coercitiva y de escarmiento de las empresas de explotación animal por las investigaciones y la difusión de las imágenes de maltrato y tortura que sufren los animales de la industria de la carne, la piel, los huevos y la leche, desde su nacimiento hasta su muerte.
El intento de criminalización del movimiento, llamando “ecoterroristas” a los activistas, ha hecho que surjan claros paralelismos con el intento de criminalización que el emergente movimiento por los derechos de los animales está sufriendo en los Estados Unidos con la proclamación de leyes como la AETA, Animal Enterprise Terrorism Act, que intenta evitar la interferencia de los activistas sobre las operaciones económicas de cualquier empresa de explotación animal bajo el epígrafe de “terrorismo de empresa” y que incluyen como delito la filmación de la cotidianidad de las granjas para evitar que el gran público sea conocedor de la realidad y pueda variar sus hábitos dejando de consumir productos provenientes de la explotación animal.
Continúa leyendo en “En defensa de los derechos de los animales” de McShuibhne, que es de donde sale también el vídeo.
A.DOC: “Detenciones de activistas por los derechos de los animales” (versión en español) from tvanimalista
